martes, 30 de noviembre de 2010

La Agrupación de Técnicos Municipales ATM de Jerez estudia denunciar la contratación de una abogada municipal.

Cada vez que desde la dirección de esta Agrupación se emite algún comunicado o declaración en los medios de comunicación, se les escucha  la exigencia de legalidad en todo lo concerniente al consistorio. Algo que es de agradecer.

Recuerdo que hace algunos meses, cuando desde el Ayuntamiento se intentó reducir la retribución a un grupo de técnicos, plantearon lo mismo: cumplimiento estricto de la Ley. Se esgrimía que cualquier resolución de la alcaldía, sin la RPT aprobada, sería nula de pleno derecho. Dicha actitud les llevó a la “firma de un pacto de no agresión” con la alcaldesa (no fue necesaria la celebración del juicio), por el que todo quedaba en la misma situación hasta que se hiciera la mencionada Relación de Puestos de Trabajo.

Hasta ahí todo me parece de lo mas correcto. Sin embargo no recuerdo, quizás porque no la hubo, ninguna declaración relativa a la legalidad de la resolución (si realmente existió) por la que a dichos técnicos se les otorgaba una gratificación, en virtud de un nombramiento que se hizo, al parecer al margen de la Ley,  puesto que no había RPT.

Ahora en el caso de la contratación de esta abogada, se vuelven a plantear los mismos argumentos. Argumentos con los que,  dicho sea de paso, coincido plenamente. El ayuntamiento está obligado a cumplir la ley en todas sus actuaciones. Pero tengo que reconocer que cuando leo sus manifestaciones no me acaban de convencer. Quizás sea porque el tono y las formas empleados dan la impresión, y subrayo lo de impresión,  de que la exigencia de aplicación de la ley es para los demás y no para ellos. Cuando dicen que “no les importa la persona, sino el que se haga bien”, ¿Quieren decir que se haga igual de bien que en su momento se hizo con ellos? Si eso es así, deberían explicar como fue el desarrollo de los procedimientos que se siguieron cuando entraron a formar parte de la plantilla municipal. Al menos de los miembros de su junta directiva.  Se supone que, conforme establece la Ley, concurrieron los principios de legalidad, publicidad, mérito y capacidad, y que por tanto cualquiera pudo haberse presentado para competir por dichos puestos.

Si fue así, algo que no tengo por qué dudar, estaríamos hablando de una actitud justa y coherente. Estaríamos ante un grupo de personas que predican con el ejemplo, algo que en los tiempos que corren se echa bastante de menos.

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